El Tribunal Supremo ha dictado un fallo que ratifica la legalidad del parque eólico Campelo, desarrollado por la compañía Greenalia, anulando de este modo una decisión anterior del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Este veredicto representa un cambio relevante en el procedimiento judicial, al rechazar que la autorización administrativa otorgada para dicho proyecto fuera ilegal.
El Tribunal Supremo ha emitido una sentencia que respalda la legalidad del parque eólico de Campelo, promovido por la empresa Greenalia, revocando así una resolución previa del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Este fallo supone un giro significativo en el proceso judicial, al desestimar que la autorización administrativa emitida para este proyecto fuera contraria a derecho.
La sentencia concluye que la decisión del TSXG «se desvía de la doctrina jurisprudencial» y no se alinea con el marco legal actual, razón por la cual ha sido anulada. Así, la autorización administrativa concedida para el parque eólico de Campelo es confirmada, representando un respaldo para el avance de este proyecto en Galicia.
Respuestas tras el fallo
La Consellería de Medio Ambiente ha mostrado su conformidad con este dictamen judicial, afirmando que demuestra que la gestión ambiental llevada a cabo por el Gobierno gallego fue legal. Además, la Consellería subraya que no es la primera ocasión en que los tribunales apoyan la legalidad de su proceso ambiental, pues varias sentencias dictadas entre finales de 2023 y principios de 2024 han confirmado procedimientos análogos.
Por otra parte, la patronal eólica gallega (EGA) ha tomado la sentencia con precaución. Aunque reconocen que representa un avance en los conflictos legales que enfrenta el sector, señalan que todavía está pendiente la resolución de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). De acuerdo con EGA, es vital establecer una mayor certeza y seguridad jurídica para asegurar el progreso del sector eólico, dado que actualmente hay más de un centenar de parques eólicos en Galicia involucrados en procesos judiciales o detenidos de manera provisional.
Por otro lado, la patronal eólica gallega (EGA) ha recibido la sentencia con cautela. Aunque reconocen que se trata de un paso adelante en los litigios que afectan al sector, advierten que aún queda pendiente la resolución de una cuestión prejudicial planteada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Según EGA, es fundamental que se establezca una mayor certeza y seguridad jurídica para garantizar el desarrollo del sector eólico, ya que actualmente existen más de un centenar de parques eólicos en Galicia que se encuentran en procesos judiciales o suspendidos cautelarmente.
La aprobación del parque eólico de Campelo es una buena noticia para el progreso de las energías renovables en Galicia, un área con un enorme potencial para la producción de energía eólica. Este proyecto, desarrollado por Greenalia, simboliza un compromiso con la transición energética y el logro de los objetivos de sostenibilidad establecidos tanto a nivel nacional como internacional.
No obstante, las dificultades legales y administrativas siguen representando un obstáculo significativo para el progreso del sector. Las exigencias de una mayor certeza jurídica por parte de los agentes involucrados evidencian la necesidad de un marco normativo más definido que facilite los trámites y evite prolongados procesos judiciales que demoren el avance de proyectos estratégicos para la región.
Sin embargo, los desafíos legales y administrativos continúan siendo un obstáculo importante para el avance del sector. Las demandas de mayor seguridad jurídica por parte de los actores involucrados reflejan la necesidad de un marco normativo más claro que permita agilizar los procedimientos y evitar largos procesos judiciales que retrasen el desarrollo de proyectos estratégicos para la región.
En este contexto, el fallo del Tribunal Supremo establece un precedente importante para futuros litigios relacionados con autorizaciones de parques eólicos y la interpretación de las normativas ambientales. Aunque la última palabra podría recaer en el TJUE, esta sentencia refuerza la posición del sector eólico en Galicia y contribuye a dar un impulso necesario a la transición energética en la región.
