El sector de apartamentos turísticos de Barcelona reclama actualmente 1 millón de dólares por los daños causados por la normativa. Este lunes, la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) ha anunciado que el sector ha iniciado un expediente de responsabilidad inmobiliaria ante la Generalitat de Cataluña por el Decreto-ley 3/2023 que regula el sector de los alojamientos turísticos. Las reclamaciones hasta el momento ascienden a 1.000 millones de euros e incluyen tanto a propietarios como a directivos ligando al negocio. Sin embargo, el plazo para recurrir vence el 8 de noviembre, un año después de la publicación de la ley, y muchos de los afectados aún están en proceso de adherirse a la misma.
En concreto, Apartur -la asociación que ayuda a todas las víctimas interesadas a presentar sus reclamaciones- estima que el importe final de la indemnización que deberá afrontar la Generalitat podría superar los 3.000 millones de euros sólo en Barcelona. En toda Cataluña, esta cifra podría superar los 7.000 millones de euros.
La reclamación de la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA) ante la Generalitat de Cataluña como autora del decreto es una de las vías legales de las que disponen los afectados para luchar contra una normativa que ya ha anunciado el alcalde de Barcelona. Jaume Collboni. que utilizará para intentar cerrar las 10.101 licencias de uso turístico actuales en Barcelona.
La reclamación por responsabilidad patrimonial contra la Generalitat de Cataluña se basa en la disposición transitoria 2ª del decreto-ley, que implica una expropiación de facto de las licencias de apartamentos turísticos en 2028. Aún faltando cuatro años, los efectos negativos de la nueva regulación Ya se empezaron a notar. La incertidumbre entre trabajadores y clientes, la imposibilidad de amortizar las inversiones y la pérdida de valor de los departamentos son algunos de los efectos que llevaron al equipo legal de Apartur a iniciar este proceso.
La expropiación de licencias prevista en el decreto es ilegal porque es contraria a la legislación española y europea, que establece que el derecho a la indemnización debe existir siempre, que no puede dejarse en manos de la administración ni del legislador, y que la indemnización debe ser de carácter económico. A falta de compensación económica, los titulares de HUT tienen derecho a reclamar a la Generalitat la cantidad resultante del cómputo de los gastos de los últimos 5 años y los beneficios que se derivarán de la continuación de la actividad.
«Estamos ante una expropiación forzosa encubierta en la que los propietarios derivan ser compensados económicamente. No hacerlo nos lleva a una situación absolutamente inédita, contraria a todas las garantías legales, contraria a la Constitución y al derecho de la Unión Europea», explicó la directora general de APARTUR, Marian Muro.
Más allá del derecho a reclamar responsabilidad económica, los empresarios de pisos turísticos de Barcelona se sienten respaldados por el estudio elaborado automáticamente por la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) -organismo dependiente del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat- y que ya ha destacado que el decreto sobre alojamientos de uso turístico no responde a los principios de necesidad y proporcionalidad y que es ciego y abusivo. En su informe, ACCO pidió al gobierno ser más riguroso a la hora de impulsar una regulación efectiva.
Otro informe contrario a derecho es el publicado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que también cuestionó la proporcionalidad de las medidas adoptadas. Asimismo, el Tribunal Constitucional acordó tramitar un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular y la Comisión Europea abrió un expediente por infracción de normas comunitarias tras la aprobación de dichas normas por la Generalitat.
Por todo ello, Muro apostó por que «los tribunales acaben fallando a favor del sector». Sin embargo, el empleador recomienda encarecidamente a todos los afectados que aún lo hayan hecho presentar sus reclamaciones inmobiliarias en el plazo envisto en caso de que no se deje sin efecto la norma.
Apartur sigue apoyando una «regulación justa y equitativa» que evite la desaparición de un alojamiento alternativo que representa el 40% de los alojamientos regulados en Barcelona, la mayor parte del cual es el turismo familiar, que emplea a unos 5.000 trabajadores en la modalidad de directa y otros tantos de forma indirecta y aporta más de 347 millones de euros al año a las arcas públicas de Barcelona.
