El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, destacó que el «drama humanitario» de la inmigración y la llegada de menores inmigrantes no acompañados es una «cuestión de Estado» y que requiere una «respuesta común» y un cambio en la situación migratoria. ley. Además, ya se ha anunciado que los 50 millones de euros anunciados por el gobierno español para compensar los gastos de guardería en Canarias no son suficientes.
En 2022 se destinaron 50 millones, y en 2023 se repitió cantidad. Con los presupuestos ampliados, el Gobierno central se compromete «al menos» a estos 50 millones. «¿Cuánto va a costar?» en un 126%.
«España y las comunidades autónomas deben coordinar una respuesta a los menores inmigrantes» que respete sus derechos y los tratados internacionales y pidió «sacar la política del problema» para llegar a un acuerdo.
El Gobierno central se ha comprometido a «redoblar esfuerzos para llegar a un acuerdo importante, especialmente desde el PP que tiene mayoría en la Cámara y preside 11 comunidades». El objetivo es «alcanzarlo en las próximas semanas» antes de que llegue la temporada alta de llegadas. Según recordó, «de momento no hay una respuesta adecuada» y la situación se agravará a partir de finales de 2023 de dar el paso «en la ruta de Canarias».
Sería incomprensible que «la definición de los recursos mínimos de las comunidades autónomas y la imposibilidad de determinar quién debe financiarlos dificulte la consecución de un acuerdo y la atención a los menores».
Para el presidente de Canarias, «el encuentro fue cordial», aunque destacó que «estaré satisfecho cuando se respeten los compromisos». Ha asegurado que se sintió «decepcionado» cuando la propuesta de reforma legislativa no fue aceptada a trámite y que en ese momento «Canarias se sintió sola y abandonada».
«No nos rendiremos, pero lucharemos más porque no es justo que Canarias esté bajo la presión migratoria del sur de Europa».
Impulsando la Agenda Canaria
También ha destacado que «se continúa avanzando en la agenda de Canarias y en los compromisos con La Palma, permitiendo a las familias afectadas recuperar la esperanza y su proyecto de vida, o al menos poder aspirar a él tras la erupción del volcán».
Las indemnizaciones se pagan, ha dicho, para «compensar en parte lo que les quitó el volcán», con 100 millones de euros en los presupuestos generales del Estado y 50 en los de Canarias. Destacó la «buena sintonía» del encuentro para que «después de mucho tiempo lleguen los recursos y los afectados puedan rehacer sus vidas».
