El juzgado de instrucción número 3 de Collado Villalba solicitó a la empresa que gestiona la residencia la documentación de la plantilla, la formación de los trabajadores y el material médico que se encontraba en la residencia al inicio de la operación. pandemia en el marco de uno de los casos que investigan posible negligencia por no derivar pacientes a hospitales.
Se trata de un auto, al que tuvo acceso Europa Press, por el que el magistrado aceptó una serie de diligencias solicitadas por el PSOE, entre ellas la citación de dos médicos como testigos. Uno de ellos es el jefe del servicio de geriatría del Hospital Rey Juan Carlos de Madrid.
La denuncia que dio origen al caso y a algunos de los familiares de un fallecido en una residencia al inicio de la pandemia va dirigida contra la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso y los exconcejales Enrique López y Enrique Ruiz Escudero por la presunta comisión del delito de homicidio por negligencia.
Hace un año, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó al juzgado reabrir este procedimiento, admitiendo el recurso interpuesto por la familia contra el archivo del expediente, insistiendo en que se adopten las diligencias necesarias para determinar si existe prueba de lo anterior.
En particular, se acuerda el testimonio de dos médicos, para lo cual la representación procesal de la acción popular deberá proporcionar en el plazo de 5 días el nombre y apellido de los médicos señalados, su dirección y número de teléfono.
Asimismo, se solicita a Sanitas Mayores dejar en sus archivos el inventario de insumos médicos disponibles en la residencia durante los hechos, y el inventario de los medicamentos y respiradores durante los hechos en la residencia automovilística.
También requiere horarios de trabajo del personal en el momento del incidente, número de trabajadores, capacitación y calificaciones, así como protocolos de aislamiento para residentes fallecidos y listas de verificación.
El juez también requiere datos sobre las ratios previstas por la normativa y la vigente en el momento de los hechos, en cuanto a número de residentes y personal, así como la acreditación del personal con formación en cuidados paliativos, la acreditación de sus horas de trabajo. meses y acreditación del suministro médico existente para el suministro de estos medicamentos.
En estos momentos ya hay 25 procedimientos cerrados por fallecimiento de personas mayores por Covid en viviendas públicas de la Comunidad de Madrid, porque no se ha acreditado ningún delito en relación con los protocolos de derivación de pacientes a hospitales de la primera ola. de la pandemia.
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2Fc30%2F79f%2F800%2Fc3079f800aa1f3b90a31d1029a25cd45.jpg "¿Cómo se afronta el reto de la despoblación en Castilla-La Mancha?")
